Memoria 46 (enero de 1864-1867)

(46) Memoria que el Secretario de Estado y del despacho de Hacienda y, Crédito Público presenta al Congreso de la Unión. México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José María Sandoval, 1868, 72 pp.

Firmada por José María Iglesias (20 de febrero de 1868).

Período: enero de 1864-1867.

Se localiza: BH, BAGN, BIIH.

No tiene anexos

Síntesis del contenido:

Presentada el 20 de febrero de 1868, en esta Memoria Iglesias señala las características de su gestión durante la mayor parte del período 1864-1867, período crítico debido a la intervención francesa, durante el cual se aplazaron todos los proyectos administrativos para procurar recursos financieros externos e internos para cubrir los gastos militares. Entre estos recursos se contaban la venta de terrenos baldíos, préstamos forzosos, acuñación de moneda de cobre, etcétera. Además, en los momentos de mayor apuro se tuvo que echar mano de los recursos personales del presidente y de los ministros y se racionaron los “artículos indispensables para la vida”.

Recuperada la posición republicana, se trató de reorganizar la hacienda del país llevando a cabo las siguientes medidas: la reducción de gastos de guerra mediante la disminución de los cuerpos de ejército; una estricta economía en todos los demás ramos pero cuidando de no afectar la marcha del país; la no implementación de medidas gravosas para los contribuyentes, reteniendo solamente los establecidos en 1863.

Dentro de los gastos imprescindibles a realizarse se contaban los concernientes al pago de la deuda nacional. Aunque el ministro indicaba que era factible no aceptar las peticiones de aquellos acreedores que habían apoyado al gobierno monárquico, no consideraba conveniente que se les declarara insubsistentes, sino que sería mejor decretar nuevos términos para amortizarlos y quitándoles su carácter de compromisos internacionales.

Respecto al pago de daños y servicios, el gobierno reconocía aquellos imputables a los jefes republicanos si se habían hecho efectuado en beneficio del país, pero jamás los que tuvieran un trasfondo de carácter personal o que pudieran atribuirse a los invasores y quienes los apoyaron.

Para continuar con la recuperación hacendaria, el ministro proponía seguir con la enajenación de bienes nacionales, la desamortización de fincas, el cobro, adjudicación y redención de capitales que administró el clero, y la eliminación del sistema de arrendamiento de las casas de moneda.