(47) Memoria que el Secretario de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público presenta al Congreso de la Unión, en virtud de lo prevenido en el artículo 89 de la constitución federal, el 31 de enero de 1868. México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José M. Sandoval, 1868, 28 pp.

Firmada por Matías Romero (31 de enero de 1868).

Período: 1867.

Se localiza: BNLR, BIM-Mfilm, BColmex-Mfilm.

No tiene anexos.

Síntesis del contenido:

Al iniciar su exposición, Matías Romero indica que no ha podido formar una Memoria, el motivo principal es el poco tiempo de estar encargado del ministerio; lo que a su vez no le ha dado oportunidad de estar “al tanto de la marcha y alteraciones que ha tenido en sus ramos” el sistema fiscal; por ello tampoco establecer un plan de acción para regularizar su administración a futuro; “sobre todo para nivelar los ingresos con los gastos y poder amortizar la deuda, tanto la consolidada como la flotante”.

Las causas que no permitieron a Matías Romero contar con los datos fueron el estado de guerra que acababa de concluir; el constante movimiento contable debido a la utilización de fondos por parte del ejército y las autoridades locales; el extravío y destrucción de documentos; todo ello dificultaba la elaboración de una Memoria que diera “una idea exacta del ramo de hacienda durante nuestra guerra con Francia”. Por lo anterior, la Memoria -advierte Matías Romero- es sucinta e incompleta.

Por otra parte, Matías Romero considera que los elementos para formar y llevar a cabo un plan de Hacienda son la tranquilidad pública; y que las leyes que fijen las rentas federales sean obedecidas puntualmente por los ciudadanos, incluyendo las autoridades de las entidades. Asimismo piensa que debe abandonarse “creencia de que [la República] no tenía recursos para existir por sí, y que necesitaba inevitablemente de ministraciones del extranjero”. Hasta la fecha en que se elaboró la presente Memoria, el presupuesto se pagaba puntualmente, no obstante que el ejército seguía siendo numeroso, lo mismo que la “lista civil”.

Matías Romero propone “no celebrar contratos ruinosos sobre anticipación de derechos”, para él el agio había sido el “cáncer de nuestra hacienda”; por ello el gobierno había seguido la política de ponerle fin, “los resultados de tan loable determinación, llevada a cabo de una manera inexorable, con ya patentes …”.

Por otra parte, se había llevado a cabo ahorros en los gastos de administración, pero el ministro estaba consciente de que todavía faltaba por hacer en ese sentido, sobre todo reducir el ejército, aun y cuando había pasado de 80 a 20 mil efectivos.

En el aspecto legislativo, el ministro piensa que las leyes de hacienda requieren de mejoras, pero propone al Congreso no hacer ningún cambio de inmediato, pues “produciría consecuencias fatales para nuestra hacienda”. Sólo se deben impulsar reformas de acuerdo a las circunstancias y a la experiencia existente. Después de reiterar que el sistema fiscal necesita de cambios, sugiere el establecimiento de una “sola contribución directa general, impuesta sobre la propiedad raíz y el capital mobiliario, sería más equitativa y produciría más recursos al erario”.

Para lograr mayores ahorros plantea continuar la reducción del ejército, asimismo se están amortizando órdenes de pago pendientes de liquidar en la Tesorería, la meta es cumplir con los pagos para restablecer el crédito del gobierno.

Al mencionar las rentas nacionales, Matías Romero advierte que no le es posible formar un estado detallado de ellas, por lo que ofrece una idea general. Informa que las que en ese momento son parte del sistema impositivo son las aduanas marítimas, la administración de rentas del Distrito Federal, las contribuciones directas del mismo, los productos de las Casas de moneda, los derechos de conducta y exportación de plata, el papel sellado y los bienes nacionalizados.

De las aduanas marítimas da razón de las de Veracruz, Tampico y Matamoros; de las contribuciones directas y el papel sellado manifiesta la esperanza de que continúen siendo la base para cubrir los gastos y espera que aumenten lo mismo que los ingresos aduanales. Expresa su oposición a que sigan los arrendamientos de las Casas de moneda, pues la exportación de plata pasta es perjudicial para la economía del país, por ello propone no renovar los contratos respectivos que han “espirado”. De la administración de las conductas y los bienes nacionalizados no espera mucho.

El siguiente tema que aborda es el presupuesto de gastos, diciendo que esta incompleto, pues faltan incluir montos que aún no conoce y que las dará a conocer al Congreso después. A continuación analiza el presupuesto destinado al legislativo, ejecutivo, Estado Mayor presidencial, gastos extraordinarios de los ministerios, poder judicial de la federación y del Distrito; ministerio de Relaciones; Gobernación; Justicia; Guerra; Hacienda; y Distrito Federal. Más adelante sugiere que se elaboré un nuevo arancel que facilite las transacciones comerciales y simplifique el sistema rentístico.

En lo referente a la deuda pública, dividida en exterior y flotante, era atendida pagando gradualmente conforme lo permitían los recursos financieros existentes. Por el momento, se había creado un fondo para la deuda consolidada, además se pensaban rematar los bonos de las exconvenciones española e inglesa, asimismo se esperaba amortizar, en unos años, buena parte de la deuda. También informa que los compromisos adquiridos por el Imperio no serán reconocidos, ni los daños causados a quienes lo apoyaron. Con respecto a la deuda flotante dice que hay la esperanza de consolidarla. En su conclusión, Matías Romero expresa que un “complemento de nuestro sistema de Hacienda y del orden rentístico, será, a juicio del Gobierno, la supresión de los fondos especiales y de consignaciones del mismo género, sino hasta que logremos establecer una oficina que sea única distribuidora, y que lleve su cuenta corriente a todos los ramos”. A su vez propone reformas en las oficinas de la Tesorería del Distrito y Jefaturas de Hacienda.